UPyD cree que la creación de un centro penitenciario en Zamora tiene repercusiones positivas para la ciudad, pero también negativas.
 

 Con su creación, multitud de funcionarios de prisiones zamoranos tendrían la oportunidad de regresar a ejercer su profesión junto a sus familiares y amigos.
El nuevo centro contribuiría a paliar el hacinamiento de la población reclusa, problema que en la actualidad aún está por resolver en España.
 

Ante el amplio consenso que organizaciones políticas, sindicales y empresariales y de todo tipo han manifestado ante la reivindicación de un centro penitenciario para la capital, Unión Progreso y Democracia en Zamora desea manifestar su opinión y hacer una serie de consideraciones.

La creación de un nuevo centro penitenciario indudablemente tiene unas positivas repercusiones económicas para la ciudad tanto en su construcción como en su posterior funcionamiento. El flujo económico que se crearía se haría notar por el pequeño tamaño de la economía zamorana y la profunda crisis que padecemos.

Además, en el cuerpo de funcionarios de prisiones hay un gran número de zamoranos que se han ganado la plaza opositando buscando un futuro profesional que como a tantos otros esta tierra no les ofreció. Parece de todo punto legítima su aspiración a tener la posibilidad de ejercer su profesión en la provincia y regresar así junto a sus familiares y amigos.

Si los dos puntos anteriores tienen su importancia, desde nuestro punto de vista lo que es esencial es que este centro acercaría a la población reclusa de origen zamorano también a sus familias, facilitándose así su reinserción social.
Es un hecho el aumento exponencial de la población carcelaria, en una España que desde hace tiempo está a la cabeza de Europa en número de reclusos por habitante, lo que ha dado lugar a un serio problema de hacinamiento en nuestras cárceles. Esto supone una grave degradación de las condiciones tanto de vida de los internos como de trabajo de los funcionarios. Por lo tanto parece ineludible afrontar este problema mediante la construcción de nuevas prisiones asumiendo el gran coste económico que esta medida conlleva tanto en la construcción como principalmente en su mantenimiento. Un capítulo más en el desbordado aumento del gasto público con las repercusiones económicas que esto ocasiona en estos momentos económicos.

Parece irresponsable buscar solución a este problema que forma parte del tema más amplio de la seguridad ciudadana únicamente desde actuaciones sintomáticas y cortoplacistas sin llevar a cabo una profunda y serena reflexión de las causas: la principal de ellas la crisis económica que en España tiene una especial virulencia; otra de ellas el fracaso de nuestro disperso sistema educativo. En ambos aspectos mucho tienen que decir los dos grandes partidos antaño nacionales.

La mejor política de seguridad ciudadana es una buena política social y la mejor cárcel, es la que no existe. Desde el punto de vista económico mediante una sociedad que ofrece oportunidades de trabajo a sus miembros. Desde la perspectiva de la reinserción social evitando la reincidencia delictiva en aquellas personas que ya han estado privadas de libertad. Desde la perspectiva de la prevención general con educación social en las escuelas para la convivencia en el respeto a los demás y la vida en sociedad. Desde la mejora tanto de la situación laboral de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como de sus lugares de trabajo, proporcionando todos los medios materiales y humanos necesarios para que realicen su trabajo de la mejor manera posible.

Desgraciadamente no todas las consecuencias de la implantación de un centro penitenciario pueden calificarse como positivas para las poblaciones de las localidades en donde se establecen. Históricamente este tipo de instalaciones como otras “industrias molestas” han sido utilizadas por los políticos de turno para aprovecharlas cínicamente desde el populismo mediante el llamado efecto NIMBY (Not In My Back Yard – No en mi patio trasero) por encima de todo sentido de estado, de responsabilidad o de cualquier tipo de consideración de solidaridad y justicia. Por esto nos deja perplejos este “ataque” de responsabilidad tanto de PSOE, esclavo de sus promesas, como de un PP que le ha tomado la palabra. Rechazamos que se utilice este tema con la única justificación del beneficio económico para la ciudad porque creemos que también tendrá efectos no deseables para la ciudadanía y nos parece inaceptable que se presente como el modelo de desarrollo económico para Zamora. Este sacrificio, ese reparto de las cargas sociales, únicamente se puede justificar desde la defensa de la justicia social y de la igualdad de derechos de todos los españoles.

Por ello, pese a asumir la necesidad del centro penitenciario, no podemos acudir a una concentración que se desarrolla con el lema “Una deuda con Zamora”. No creemos en reivindicaciones pasadas por el tamiz localista, ni creemos en deudas históricas de ningún tipo. Si un ciudadano siente que algún político le debe algo, en democracia tiene la fuerza de su voto para cambiar las cosas. Esa es la fuerza de la política, la posibilidad de cambiar las cosas. No somos súbditos, somos ciudadanos libres y responsables, somos los únicos dueños de nuestro destino político.